La licitación pública nacional para la construcción de la red cloacal del alcantarillado con dinero de la Itaipú se encuentra actualmente suspendida, por graves irregularidades detectadas por la Dirección Nacional de Contrataciones públicas (DNCP) en el pliego de bases y condiciones (PBC) del llamado. A pesar de la costosa consultoría que contrató la comuna, el PBC está plagado de groseras incongruencias técnicas.
La municipalidad local lanzó al portal de Contrataciones Públicas el llamado para la construcción de redes cloacales el 18 de agosto del año en curso, tras la realización de una licitación de precalificación de empresas. La apertura de sobres estaba prevista para el 20 de setiembre. La red cloacal es la obra principal del proyecto de alcantarillado sanitario, financiado con dinero de la Itaipú. El monto de dinero disponible para dicha obra es unos 7.000 millones de guaraníes.
Sin embargo, el llamado terminó impugnado con suspensión, debido a una denuncia que fue presentado ante la DNCP contra irregularidades contenidas en el PBC de la convocatoria. Existen cuestionamientos desde la existencia de obras innecesarias y cálculos incoherentes entre la cantidad de materiales a ser adquiridas y la dimensión de la obra.
Por ejemplo, en uno de los ítems se prevé la adquisición de tan solo 50 caños de 100 milímetros x 6 metros para conexiones domiciliarias. Sin embargo, la revisión es de 1.601 conexiones que demandarían unos 1.470 tubos. En otro punto se pide la cotización de 52 a 75 cuadras de remoción y reposición de asfalto. Sin embargo, el proyecto abarca tan solo 16 cuadras. Igual situación se observa en la cantidad de empedrado a ser removido y sustituido.
La Municipalidad envió su respuesta que no convenció a la DNCP, en que además se informa sobre el cambio de varios ítems del pliego, que no fueron publicados como adendas, tal como exige la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas y su respectivo reglamento.
Sospechosa exigencia
Con anterioridad existió otro reclamo, en relación a la exigencia que hacía la Municipalidad a las empresas precalificadas de presentar un estudio de impacto ambiental. Según la DNCP, es la empresa convocante la que debe tener en regla las documentaciones para llamar a licitación, y no los oferentes.
Este punto llamó poderosamente la atención, teniendo en cuenta que la Comuna pagó a una consultora del Arq. Alfredo M. Angulo más de 250.000 dólares para elaborar, entre otras cosas, la licencia ambiental.
Finalmente, ante la denuncia, la Municipalidad rectificó este punto.
Lo cierto y concreto es que el llamado para la construcción del alcantarillado sanitario lleva más de tres meses de atraso, desde la publicación del llamado, debido a la desastrosa formulación del PBC que costó G. 1.303.000.000 a la comuna. Ahora, por orden de la DNCP se debe reformular dicho documento para poder proseguir con el llamado. Mientras, la ciudadanía soporta el deterioro de sus avenidas, que no son arregladas porque antes se tiene que terminar la colocación de la red para la cloaca.
Las denuncias formuladas contra la licitación de la comuna de Salto, a través del Sistema de Gestión de Denuncias del Portal de Contrataciones Públicas, se mantuvieron protegidas, a base de lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita en marzo de 1996 en Caracas, Venezuela, y de la cual nuestro país es signatario.
La municipalidad local lanzó al portal de Contrataciones Públicas el llamado para la construcción de redes cloacales el 18 de agosto del año en curso, tras la realización de una licitación de precalificación de empresas. La apertura de sobres estaba prevista para el 20 de setiembre. La red cloacal es la obra principal del proyecto de alcantarillado sanitario, financiado con dinero de la Itaipú. El monto de dinero disponible para dicha obra es unos 7.000 millones de guaraníes.
Sin embargo, el llamado terminó impugnado con suspensión, debido a una denuncia que fue presentado ante la DNCP contra irregularidades contenidas en el PBC de la convocatoria. Existen cuestionamientos desde la existencia de obras innecesarias y cálculos incoherentes entre la cantidad de materiales a ser adquiridas y la dimensión de la obra.
Por ejemplo, en uno de los ítems se prevé la adquisición de tan solo 50 caños de 100 milímetros x 6 metros para conexiones domiciliarias. Sin embargo, la revisión es de 1.601 conexiones que demandarían unos 1.470 tubos. En otro punto se pide la cotización de 52 a 75 cuadras de remoción y reposición de asfalto. Sin embargo, el proyecto abarca tan solo 16 cuadras. Igual situación se observa en la cantidad de empedrado a ser removido y sustituido.
La Municipalidad envió su respuesta que no convenció a la DNCP, en que además se informa sobre el cambio de varios ítems del pliego, que no fueron publicados como adendas, tal como exige la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas y su respectivo reglamento.
Sospechosa exigencia
Con anterioridad existió otro reclamo, en relación a la exigencia que hacía la Municipalidad a las empresas precalificadas de presentar un estudio de impacto ambiental. Según la DNCP, es la empresa convocante la que debe tener en regla las documentaciones para llamar a licitación, y no los oferentes.
Este punto llamó poderosamente la atención, teniendo en cuenta que la Comuna pagó a una consultora del Arq. Alfredo M. Angulo más de 250.000 dólares para elaborar, entre otras cosas, la licencia ambiental.
Finalmente, ante la denuncia, la Municipalidad rectificó este punto.
Lo cierto y concreto es que el llamado para la construcción del alcantarillado sanitario lleva más de tres meses de atraso, desde la publicación del llamado, debido a la desastrosa formulación del PBC que costó G. 1.303.000.000 a la comuna. Ahora, por orden de la DNCP se debe reformular dicho documento para poder proseguir con el llamado. Mientras, la ciudadanía soporta el deterioro de sus avenidas, que no son arregladas porque antes se tiene que terminar la colocación de la red para la cloaca.
Las denuncias formuladas contra la licitación de la comuna de Salto, a través del Sistema de Gestión de Denuncias del Portal de Contrataciones Públicas, se mantuvieron protegidas, a base de lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita en marzo de 1996 en Caracas, Venezuela, y de la cual nuestro país es signatario.
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