La manifestación fue convocada por la Asociación Multisectorial de Comisiones Vecinales, en repudio a la impunidad de los crímenes que han venido sucediendo en los últimos tres meses. Según los organizadores, al menos 10 personas fueron asesinadas por la mafia que maneja los negocios fronterizos de contrabando, tráfico de drogas y armas.
El caso más sonado fue el doble homicidio que ocurrió el pasado 15 de enero, cuando fueron asesinados Wilson Alvarenga y Marciana Martínez, en forma alevosa. Ambos fueron heridos con arma de fuego, presumiblemente escopeta, y luego degollados y arrojados en un arroyo.
Alvarenga era un combativo dirigente social de la Colonia Canindeyu'i, por donde cruza una de las principales rutas del contrabando de cigarrillo a gran escala que va de nuestro país al Brasil. En principio el caso se quiso hacer pasar como un crimen pasional, pero las investigaciones apuntan hacia un encargo de la mafia.
Según familiares de Alvarenga, él junto a la mujer que lo acompañaba habrían sido secuestrados, asesinados y luego arrojados al río. Su muerte tendría incluso la participación de policías, según declaró la viuda del malogrado dirigente, Melania Martínez.
Según el titular de la Multisectorial, abogado Tito Rojas, Salto se está convirtiendo en un basurero de cadáveres, gracias a la impunidad reinante. “Aquí, con cada nuevo crimen, abren una carpeta y le ponen un lindo título: ajuste de cuentas y termina ahí. Nunca se esclarece nada”, indicó.
Agregó que en la ciudad hay un crimen organizado que mata. Algunos años atrás era un asesinato cada seis meses, ahora son dos a tres ajusticiamientos mensuales.
Por su parte, la gobernadora de Canindeyú, Cristina Villalba (ANR), emplazó al ministro del Interior a que dé una respuesta inmediata a esta inquietud.